La reforma electoral de Milei

El Poder Ejecutivo envió al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de “Ley de Reforma Electoral Integral”, una iniciativa que, entre sus puntos más destacados, tiene la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El Ejecutivo argumenta que, a casi 16 años de su creación, las PASO no han logrado cerrar la brecha entre la política y las demandas sociales, convirtiéndose en un mecanismo que genera gastos innecesarios para el erario público. Con su supresión, se busca que los partidos políticos recuperen la libertad de promover sus elecciones internas según sus propias cartas orgánicas.

En cuanto al sistema de partidos, la reforma advierte sobre la "fragmentación" del sistema actual, señalando que Argentina posee el régimen de registro más flexible de la región, con 714 partidos de distrito reconocidos al 31 de marzo de 2026. Para combatir lo que el proyecto denomina "emprendimientos con finalidad económica", se proponen requisitos más estrictos: los partidos nacionales deberán mantener personería en al menos diez distritos (en lugar de los cinco actuales) y contar con una afiliación mínima equivalente al 0,1% del Registro Nacional de Electores. Además, se establece como causa de caducidad no alcanzar el 3% del padrón electoral en dos elecciones consecutivas.

Otro pilar central es la implementación de la Boleta Única de Papel para las categorías nacionales. Esta boleta presentará todas las categorías de cargos electivos divididas en espacios horizontales y las agrupaciones políticas en columnas verticales, incluyendo nombres, logotipos y fotografías a color de los principales candidatos para facilitar la opción del elector. Asimismo, el proyecto facilita la simultaneidad con elecciones provinciales y municipales mediante la adhesión de estas categorías a la boleta única.

En términos de transparencia y ética pública, la reforma introduce el régimen de "Ficha Limpia". Esta normativa impedirá que personas con condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales o ser designados en funciones jerárquicas de la Administración Pública Nacional, como ministros o secretarios. Para garantizar su cumplimiento, se creará un Registro Público de Ficha Limpia bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.

Finalmente, el proyecto propone un cambio de paradigma en el financiamiento político, reduciendo la dependencia de los fondos públicos y abriendo paso a una mayor participación del sector privado. Si bien se mantiene la bancarización obligatoria y el control de la Unidad de Información Financiera (UIF), se prohíben estrictamente los aportes de personas procesadas por lavado de activos, narcotráfico o financiación del terrorismo, así como de entidades extranjeras. Por último, se plantea la suspensión temporal de las elecciones directas para el Parlamento del MERCOSUR, cuyas vacantes serán cubiertas por Diputados Nacionales sin percibir remuneraciones adicionales, hasta que se garantice la simultaneidad de la elección en todos los Estados partes.