La concejala Soledad Míguez cerró el año legislativo con definiciones fuertes, cuestionamientos directos al Ejecutivo municipal y una relación con el intendente que ella misma define sin rodeos: “complicada”. En una entrevista sin eufemismos, dejó en claro que su rol en el Concejo no será el de una escribanía del poder y que las tensiones con el oficialismo no son personales, sino políticas.
Míguez, que ingresó al Concejo en 2023 dentro de la lista del actual intendente, marcó un quiebre temprano. “La primera sesión ya fue brava”, recordó, y explicó que su forma de hacer política choca con la lógica verticalista que —según denuncia— domina al Ejecutivo. “No estoy acostumbrada a que me digan lo que tengo que hacer. Leo, analizo y voto. Si me equivoco, es mi responsabilidad”, disparó.
El contraste es claro: mientras el Ejecutivo pretende disciplina, Míguez reivindica el disenso. “Siento que es al revés: baja una línea y todos tenemos que hacer eso. Pero estamos en democracia y hay distintas ideas”, sostuvo, marcando una diferencia de fondo con el intendente y su gabinete.
La crítica no se limita a las formas. La concejala puso el foco en la falta de mujeres en los espacios de poder, tanto en el gabinete municipal como en el propio Concejo. “Muy pocos cargos ocupados por mujeres. Eso me parece gravísimo”, sentenció, dejando implícita una lectura política del armado del Ejecutivo.
Tribunal de Cuentas: el control que el Ejecutivo no quiere discutir
Uno de los ejes más sensibles de su agenda es la creación de un Tribunal de Cuentas municipal, proyecto que volvió a presentar y que apunta directamente al corazón del poder: el manejo de los recursos públicos.
Míguez fue tajante: “No estamos 100% capacitados para controlar las arcas de la municipalidad. Es la plata del pueblo, que se le presta al intendente para que la administre”. En ese sentido, cuestionó que el control quede reducido a seis concejales y al propio jefe del Ejecutivo. Transparencia, según ella, no es desconfianza: es reglas claras.
El mensaje es incómodo para el oficialismo, que históricamente ha resistido mecanismos de control externos y técnicos. La propuesta de Míguez, lejos de ser decorativa, apunta a limitar la discrecionalidad.
Autonomía, presupuesto y una relación que no mejora
Otro punto de fricción es la posible autonomía de Funes. Míguez no se opone, pero advierte riesgos. Reclama que el proceso no quede cerrado entre concejales y Ejecutivo y exige la participación de vecinos y, especialmente, representantes sindicales.
“La Carta Magna de Funes no puede hacerse sin los trabajadores adentro”, afirmó, alertando sobre el impacto que una autonomía mal diseñada podría tener en salarios y estabilidad laboral de los empleados municipales.
Por otro lado, también apuntó contra el relato edulcorado sobre Funes. “Creen que acá no hay pobres, que somos todos millonarios, y no es así”, sostuvo.
Si bien, el presupuesto fue aprobado, Míguez dejó en claro que no fue un trámite automático. Hubo revisiones, cambios y discusiones internas. El consenso existió, pero no sin condiciones. Otro mensaje al Ejecutivo: el acompañamiento no es incondicional.
Pese a las diferencias, Míguez reconoció que el presidente del Concejo, Carlos Olmedo, funciona como nexo con el intendente. Ella misma admitió que, de ocupar un rol más alto, “se cortaría el diálogo con el Ejecutivo”. La frase deja al descubierto el frágil equilibrio que hoy sostiene la gobernabilidad.
Una concejala incómoda
Soledad Míguez no es una opositora clásica ni una oficialista dócil. Es, para el Ejecutivo, una voz incómoda: cuestiona, pide controles, habla de género, de pobreza y de poder. Y lo hace desde adentro.
“No vine a levantar la mano”, parece ser el mensaje de fondo. Y en un escenario político acostumbrado al silencio cómodo, eso explica por qué la relación con el intendente es, según sus propias palabras, complicada.
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