Volqueteros impulsan un proyecto para modernizar el servicio de volquetes en Funes: qué cambia y cuáles son sus beneficios

De la vereda a la calle, con reglas más claras para todos

El proyecto reordena varios frentes a la vez, y el primero salta a la vista apenas se mira la calle: hoy la ordenanza vigente prioriza que los volquetes se apoyen sobre la vereda, pero la nueva normativa invierte esa lógica y los manda a la calzada, pegados al cordón y en paralelo a él, dejando afuera de discusión las ochavas, las rampas de accesibilidad, las ciclovías, las paradas de colectivo, las bocas de tormenta y los accesos vehiculares, que quedan expresamente prohibidos como emplazamiento.

El tiempo que un contenedor puede quedarse en la calle también cambia, y deja de ser el mismo para toda la ciudad: donde antes regía un plazo único de 72 horas sin distinción de zonas, el proyecto traza límites según el barrio, con 48 horas como tope en zonas residenciales, apenas 24 en el área céntrica o de mayor circulación, y una excepción de hasta 7 días para las obras en ejecución que cuenten con vallado.

En el plano administrativo, la reforma apunta a sacarle peso a un trámite que hoy exige expediente y autorización para cada servicio: las empresas habilitadas dejarían de necesitar ese permiso municipal caso por caso, algo que —según sus impulsores— destrabaría la operatoria diaria del sector.

El texto también busca cerrar una discusión clásica entre vecinos, contratistas y empresas: la de a quién le toca hacerse cargo de lo que termina dentro del volquete. La empresa prestadora quedaría eximida de responder por residuos prohibidos o depositados por terceros durante la estadía del contenedor en la vía pública, y podría directamente negarse a retirarlo si lo encuentra sobrecargado, hasta que el contratante ordene la carga. En la misma línea, el proyecto aclara que ya no se le puede exigir a la empresa ser dueña de un predio propio para la disposición final de los residuos, y agrega un protocolo de contingencia para cuando los sitios habituales queden clausurados o temporalmente fuera de servicio, de manera que el circuito no se corte.

Hay, además, un capítulo nuevo para las urbanizaciones cerradas, que la ordenanza actual ni siquiera menciona: el régimen pasaría a ser exigible también puertas adentro de los barrios privados. Y en materia de sanciones, el proyecto fija multas de hasta 3.000 Unidades Fijas, aunque contempla un margen de 12 horas de intimación previa para que se subsanen las faltas que no representen un peligro inmediato.

Para quienes lo impulsan, todo esto se traduce en beneficios concretos: más seguridad para peatones y personas con movilidad reducida al liberar veredas y rampas, mejor circulación en el centro gracias al recorte a 24 horas, menos burocracia para el sector de la construcción, reglas más claras que eviten disputas por responsabilidades cruzadas, y un servicio que no se interrumpiría ni siquiera si algún predio de disposición final tuviera que cerrar.