El secretario de Gobierno de Funes defendió las medidas tomadas por el municipio y tildó al gremio de "simple asociación civil". La paradoja: Beguer construyó su perfil con un histórico pasado sindical en el Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA), donde en la actualidad continúa integrando la comisión directiva como vocal suplente.
La escalada de tensión entre la Intendencia de Funes y los empleados municipales sumó un nuevo capítulo de máxima ebullición. El secretario de Gobierno local, Andrés Beguer, se puso al frente de la estrategia del Ejecutivo liderado por Roly Santacroce y lanzó un duro ataque contra la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM/ASOEM), disparando la controversia por una marcada doble vara institucional.
Con la frase “Hay 240 millones de pesos en juego y nadie sabe dónde están”, Beguer justificó la decisión de dar de baja de manera unilateral el rol del Municipio como agente de retención del aporte sindical en los recibos de sueldo. Según la postura del funcionario, la entidad representa una simple “asociación civil sin personería gremial reconocida por el Ministerio de Trabajo”, por lo que el Ejecutivo resolvió depositar el dinero de la cuota directamente en los haberes de los trabajadores. A esto se sumó la ratificación del descuento de los días de paro al personal que se adhirió a las medidas de fuerza, catalogando el reclamo de "injustificado" frente a un 90% que sí prestó tareas.
Sin embargo, la postura inflexible de Beguer genera un fuerte e inevitable contrapunto con su propia trayectoria. Mientras en Funes combate la representación sindical local y desconoce la legitimidad del gremio municipal, el propio Beguer cuenta con una amplia trayectoria gremial en el Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA) y, de hecho, figura actualmente en la nómina oficial como Vocal Suplente de su Comisión Directiva Nacional.
La paradoja resulta llamativa: un dirigente que forma parte de la conducción de un gremio nacional de peso como SUPARA es quien, al cruzar la puerta del despacho oficial en Funes, desconoce el derecho a la organización colectiva de los municipales, les recorta los mecanismos de financiamiento e impone sanciones por el ejercicio del derecho a huelga.
En tanto la conducción de FESTRAM denunció episodios de maltrato e intimidación en las mesas de negociación —que el funcionario desestimó como disputas interpersonales acaloradas—, la controversia política promete seguir sumando líneas a una saga donde la postura del Ejecutivo choca de frente con el propio historial sindical del Secretario de Gobierno.
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